Ley de Responsabilidad Medioambiental

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental incide en el principio de que quien contamina repara, que va encaminado a la restauración total de los recursos naturales dañados y de los servicios que prestan, lo cual no se verá satisfecho con una simple indemnización dineraria. Otra novedad de la norma es el carácter ilimitado en la responsabilidad derivada de los perjuicios al medio ambiente, es decir, la ley obliga a reparar en su integridad devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes de la actividad lesiva, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras.
La norma afecta, de manera aproximada, a más de 5.000 instalaciones industriales, 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y casi un millón de explotaciones agrarias
Ahora bien, no todos los daños a los recursos naturales están contemplados en el nuevo texto legal, quedan excluidos los daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir los daños a las personas y a sus bienes (salvo que estos últimos constituyan un recurso natural). Igualmente, no todos los daños que sufran los recursos naturales generarán responsabilidad medioambiental.

Los operadores que desarrollen actividades profesionales o económicas deberán adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación y la de sufragar su coste, cualquiera que sea su cuantía, cuando así resulte como consecuencia de la aplicación de la Ley.
La autoridad competente será la responsable de establecer la cuantía de la garantía financiera para cada tipo de actividad, en función de la intensidad y extensión del daño que se pueda ocasionar, de acuerdo con lo criterios que se fijen reglamentariamente. Garantías que se concretan en: a) La suscripción de una póliza de seguro con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. b) La obtención de un aval. c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo "ad hoc" para responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.